A un mes de que se cumplan dos años de la desaparición de Karla Alejandra Tela, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó la ficha amarilla de la Interpol para ampliar la búsqueda de la joven de 27 años fuera de México.

La ficha amarilla, confirmada en un boletín la noche del jueves 11 de junio de 2026, es un mecanismo internacional que permite alertar a otros países sobre personas desaparecidas o extraviadas, en este caso con la preocupación de que Karla Alejandra pueda ser víctima de trata de personas.

La última vez que se le vio fue el 14 de julio de 2024, cuando salió de su casa en la colonia Viveros del Valle, en la ciudad de Puebla, para dirigirse a la parada de camiones rumbo a Amozoc. Desde entonces, su familia no ha dejado de buscarla.

Gabriela Flores, madre de Karla Alejandra, ha enfrentado una larga lucha para que las autoridades activen esta ficha. Según relata, un agente del Ministerio Público le dijo que no arriesgarían a su personal para buscar a su hija porque “no ganaban lo suficiente para hacer su trabajo”.

A pesar de que la familia ha proporcionado información clave en al menos tres ocasiones, la Fiscalía no actuó con la diligencia necesaria. En dos búsquedas y tres cateos realizados, el personal no contó con las herramientas adecuadas para encontrar indicios y terminó deteniendo a cinco personas ajenas al caso.

El nombre de Karla Alejandra también resonó en las marchas previas a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde se exigió justicia y visibilidad para su caso y otros similares.

La activación de la ficha amarilla llega tras más de un año de insistencia por parte de Gabriela Flores, quien buscaba que la Fiscalía solicitara cooperación internacional para ampliar la búsqueda de su hija.

Este avance, aunque tardío, abre una nueva puerta para que la búsqueda de Karla Alejandra no se limite a Puebla ni a México, sino que pueda extenderse a otros países, en un contexto donde la trata de personas es una amenaza latente.

Para los poblanos, este caso es un recordatorio urgente de la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y búsqueda, así como de construir una ciudad y un estado donde la seguridad y la justicia sean una realidad para todas las personas.