El lunes 15 de junio de 2026, el Gobierno del Estado de Puebla reveló que 152 policías municipales de San Andrés Cholula operan sin la acreditación oficial que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta irregularidad fue confirmada por el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, quien urgió al Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle Torres, a regularizar la situación cuanto antes.

Aguilar Pala explicó que la certificación, evaluación y acreditación son procesos indispensables para garantizar que los policías cuenten con la capacitación y controles de confianza necesarios para su labor. “Es un tema que debe solventarse”, enfatizó, subrayando la importancia de cumplir con estos estándares para mejorar la seguridad y confianza ciudadana.

Esta revelación ocurre en un contexto de alta tensión tras la detención del pasado 11 de junio de Ariana N, una madre de familia sometida por policías municipales en las inmediaciones del Parque Intermunicipal de Cholula. Las imágenes del arresto, donde se observa a la mujer siendo contenida mientras sus dos hijos menores lloran y tratan de acercarse a ella, se viralizaron y generaron una fuerte indignación social.

El secretario de Gobernación hizo un llamado enérgico para que el gobierno municipal respete los protocolos de actuación policial, especialmente en casos que involucren a menores de edad. Además, advirtió que durante el procedimiento se vulneró la integridad de la mujer y sus hijos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ya abrió una queja de oficio con carácter urgente contra cinco policías municipales y calificó preliminarmente la detención como arbitraria.

Ante esta situación, el Gobierno estatal exhortó a San Andrés Cholula a reforzar la capacitación de sus policías y a garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos para el uso de la fuerza. La administración de Guadalupe Cuautle se encuentra bajo presión mientras avanzan las investigaciones y el proceso para acreditar a los elementos que actualmente carecen de certificación.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido una postura detallada sobre estas denuncias.

Este caso pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer la profesionalización policial en Puebla, un paso clave para recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia una ciudad más segura y humana, donde el respeto a los derechos y la calidad de vida sean prioridad.