Este miércoles 17 de junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió su competencia para analizar la constitucionalidad de la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido en las leyes sanitarias mexicanas.

El caso que motivó esta decisión proviene de una persona que interpuso un amparo contra la Ley General de Salud y el Código Penal de la Ciudad de México, debido a que estas normativas impiden el acceso a la eutanasia. La promovente, una mujer con formación en tanatología y diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama, argumenta que obligar a morir únicamente de forma “natural” vulnera su derecho a la autonomía y al desarrollo de su libre personalidad.

El debate en la SCJN no es menor: países como Países Bajos y Bélgica permiten la eutanasia desde 2002, Canadá desde 2016 y Colombia la despenalizó en 1997. Sin embargo, en México la Ley General de Salud mantiene esta práctica prohibida.

Durante la sesión, el ministro Arístides Guerrero García aclaró que la aceptación para discutir el caso no implica una postura a favor o en contra, sino solo la disposición para analizar el tema de fondo. Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo destacó la relevancia del caso, pues la promovente ha dedicado su vida a acompañar a personas con enfermedades terminales y ahora reclama mejores disposiciones para pacientes en esa situación, incluyendo cuidados paliativos.

El ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que esta es una oportunidad para que la Corte establezca un criterio novedoso sobre la eutanasia y otros procedimientos de muerte asistida.

La votación para atraer el caso fue de ocho ministros a favor y una en contra, María Estela Ríos González. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aseguró que este tema será de suma importancia para la sociedad y que próximamente se dará el debate profundo sobre la materia.

Este avance en la SCJN abre la puerta a una discusión necesaria sobre derechos individuales, autonomía y calidad de vida, temas que resuenan con la búsqueda de una sociedad más humana y respetuosa de las decisiones personales, en un país donde la vida y la muerte siguen siendo asuntos profundamente regulados y polémicos.