El proyecto del coche eléctrico Olinia, que se suponía sería un desarrollo local con participación de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Tec de Puebla, enfrenta una polémica que pone en duda su origen y transparencia.

El 14 de abril de 2025, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo y Tlaxcala (Secihti), entregó un contrato por 5 millones de pesos a la empresa Rocketel SAPI para el diseño y fabricación del vehículo. Sin embargo, Rocketel no es una empresa automotriz, sino una compañía dedicada a la telefonía celular, con sede en una casa habitación en Mérida, Yucatán.

El domicilio registrado de Rocketel es Calle 23 número 198, interior 4, colonia San Miguel, en Mérida, un inmueble que no parece contar con instalaciones industriales o laboratorios para pruebas de vehículos. Además, el socio mayoritario de la empresa, Adrián Aguirre Palme, reside en Park City, Utah, donde tiene una compañía que fabrica elevadores para esquí, lo que añade más dudas sobre la experiencia de Rocketel en el sector automotriz.

A pesar de que el proyecto se había presentado como un esfuerzo local con estudiantes poblanos, la asignación del contrato a una empresa foránea y ajena al ramo automotriz ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el rumbo del Olinia.

Cuando se solicitó información a la Secihti sobre los montos gastados, las pruebas de seguridad, especificaciones técnicas y tiempos de producción del coche, la dependencia se negó a proporcionar detalles, argumentando que divulgar esa información podría afectar la “ventaja competitiva” del proyecto.

Este caso abre un debate sobre la gestión pública en proyectos de innovación tecnológica en Puebla y la necesidad de mayor claridad para que iniciativas que prometen mejorar la movilidad y calidad de vida en la ciudad realmente cumplan con sus objetivos y beneficien a la comunidad local.