Este jueves 18 de junio, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Estado de México confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta Cisneros, acusado de secuestro y líder de la banda ‘Los Zodiaco’. Con esta resolución, se refrenda la libertad de Vallarta, quien salió del penal del Altiplano el 1 de agosto de 2025 tras permanecer casi dos décadas encarcelado sin sentencia firme.

El caso de Israel Vallarta es uno de los más polémicos y mediáticos en la historia judicial reciente de México. Detenido en diciembre de 2005 junto a su entonces novia, la francesa Florence Cassez, ambos fueron señalados como parte de una banda de secuestradores. La detención fue transmitida en vivo, pero semanas después se reveló que el operativo había sido un montaje, lo que generó un escándalo nacional y un conflicto diplomático con Francia.

Mientras Cassez obtuvo su libertad en 2013 por violaciones a sus derechos humanos, Vallarta permaneció en prisión sin juicio durante casi 20 años. En agosto de 2025, una jueza del Estado de México decretó su absolución, decisión que fue apelada por la Fiscalía General de la República (FGR), argumentando que el secuestro es un delito grave y que no se podía dejar en indefensión a las víctimas.

Sin embargo, el tribunal colegiado concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar la culpabilidad de Vallarta, ratificando así su inocencia. En sus primeras declaraciones tras salir de prisión, Vallarta afirmó: “Siempre supe que fui inocente y eso fue lo que me mantuvo. La esperanza de que sabía que algún día iba a ser justicia. Que algún día se iba a ir a escuchar no con las mentiras”.

Este caso no solo expone las fallas del sistema judicial mexicano, sino también la importancia de garantizar derechos humanos y procesos justos, especialmente en casos mediáticos que pueden afectar la vida de las personas durante décadas. Además, la detención en 2021 de exfuncionarios vinculados al caso, como Luis Cárdenas Palomino, exalto mando relacionado con Genaro García Luna, añade una capa más de complejidad y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades en este proceso.

Para Puebla y sus habitantes, donde la justicia y la calidad de vida urbana son temas recurrentes, este caso es un recordatorio de la necesidad de un sistema judicial transparente y respetuoso de los derechos humanos, que contribuya a una sociedad más justa y segura.