Este miércoles 17 de junio de 2026, Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, enfrentó una nueva audiencia en el tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. Durante la sesión, la Fiscalía estadounidense solicitó que el jurado que juzgará a Caro Quintero sea anónimo y “parcialmente aislado” para proteger su integridad y evitar cualquier tipo de intimidación o interferencia.

La petición, presentada en un documento la noche anterior, incluye medidas estrictas:
– No revelar los nombres, direcciones ni lugares de trabajo de los candidatos ni del jurado definitivo a ninguna de las partes ni a sus abogados.
– Trasladar diariamente a los miembros del jurado ida y vuelta al juzgado bajo custodia del Servicio de Alguaciles de EE.UU.
– Mantener aislados a los jurados del público durante el juicio.

La Fiscalía argumenta que el caso es de “una gravedad excepcional” y que Caro Quintero tiene antecedentes de intentar influir en procesos judiciales, incluyendo el asesinato de un agente federal estadounidense y la continuación de actividades delictivas desde prisión en México.

En la audiencia de hoy también se discutieron documentos y pruebas clasificadas que se presentarán durante el juicio. Aunque Caro Quintero se ha declarado no culpable, los fiscales dejaron abierta la posibilidad de negociar un acuerdo de culpabilidad.

El “Narco de Narcos” enfrenta cargos en Estados Unidos por:
– Dirigir una empresa criminal.
– Asesinato, incluyendo el secuestro, tortura y homicidio del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985.
– Dos cargos por distribución internacional de narcóticos.
– Uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.

Caro Quintero fue trasladado desde México a Estados Unidos junto a otros 28 líderes de cárteles, como Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Treviño Morales, cofundadores del Cártel de los Zetas.

Este caso, que sigue su curso en Brooklyn, refleja la complejidad y peligrosidad de los procesos judiciales contra figuras clave del narcotráfico, y la necesidad de medidas excepcionales para garantizar un juicio justo y seguro.