Este viernes 12 de junio de 2026, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, tras la denuncia de Morena por presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con sus familiares.

La solicitud fue presentada el 8 de junio y, dos días después, el Congreso local decidió dar trámite al procedimiento, aunque no todos los diputados morenistas estuvieron presentes en la sesión. A pesar de ello, la discusión y votación siguieron adelante.

Ahora, Samuel García será notificado y tendrá un plazo de 15 días hábiles para responder ante el Poder Legislativo, ya sea por escrito o de manera presencial, según lo establece el proceso.

El trasfondo de esta medida es una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que desde abril señala al gobernador por presuntamente orquestar un esquema para desviar y lavar más de mil millones de pesos. Según las indagatorias, el mandatario habría utilizado un modelo de triangulación financiera para beneficiar directamente a su círculo familiar.

El dinero público habría sido canalizado a través de diversas empresas y proyectos, principalmente hacia el despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son familiares directos de García: su padre y su medio hermano. De ahí, los recursos se habrían transferido a la inmobiliaria “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que recibió más de mil millones de pesos, para luego enviarlos a cuentas en el extranjero, incluso en Estados Unidos, con la intención de dificultar su rastreo.

Samuel García rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como un “refrito” y asegurando que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya investigó y resolvió no ejercer acción penal. En sus redes sociales, afirmó que “son falsos todos los señalamientos” y que no existe irregularidad tras analizar las pruebas.

Este caso pone en el centro del debate la transparencia y el uso de recursos públicos en una entidad clave para el desarrollo del país, mientras la ciudadanía observa con atención cómo se resuelve este proceso político y legal. Para los poblanos, que también enfrentan retos de gobernabilidad y calidad de vida urbana, es un recordatorio de la importancia de exigir rendición de cuentas y fortalecer mecanismos anticorrupción en todos los niveles.