Este miércoles 17 de junio de 2026, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Morena utilizó la infraestructura de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar 252 mil pagos catalogados como “apoyos sociales” en todo el país, sin reportar esta operación a las autoridades electorales y con posibles violaciones a la ley antilavado de dinero.

Según documentos obtenidos por MCCI, el contrato entre Morena y Finabien se firmó originalmente el 1 de junio de 2022 por un año, pero fue modificado para extenderse hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección federal en la que Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia. El acuerdo estipulaba explícitamente que Finabien prestaría servicios para el “pago de apoyos sociales”.

Lo que llama la atención:
– Morena pagó 3.52 millones de pesos en comisiones a Finabien, que cobraba 12 pesos más IVA por cada pago.
– Una auditoría interna de Finabien (código 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005) reveló que solo se realizaron 140 mil 878 operaciones reales, por lo que se reintegraron 1.6 millones de pesos a Morena por comisiones pagadas de más.
– Aunque no se detalla el monto de cada apoyo, MCCI señala que, si cada pago fuera mínimo de 100 pesos, el desembolso total sería millonario.

Tres irregularidades graves detectadas:
1. **Ocultamiento al INE:** Morena no reportó el contrato ni el origen de los recursos para estos apoyos en sus informes de rendición de cuentas 2022-2024. Mientras Morena reportó casi 33 mil operaciones financieras en gastos de campaña, Finabien realizó más de 250 mil transferencias.
2. **Uso ilegal de recursos:** Ni la ley electoral ni los estatutos de Morena autorizan entregar “apoyos sociales”. Un ex consejero electoral consultado por MCCI calificó esta práctica como ilegal y la comparó con el “caso Monex” de 2012, donde se usaron transferencias para pagar a representantes de casilla sin que el gasto se contabilizara en los topes de campaña.
3. **Violación a la ley antilavado:** La auditoría interna de Finabien, emitida en diciembre de 2025, concluyó que el contrato incumplió los protocolos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A pesar de alertas desde enero de 2023 sobre la necesidad de controles antilavado, las autoridades no actuaron.

Al cierre de la investigación publicada este miércoles, MCCI informó que solicitó a la dirigencia nacional de Morena su postura sobre estos hallazgos, pero no obtuvo respuesta.

Este caso pone en evidencia cómo se pueden usar estructuras oficiales para operaciones financieras opacas, afectando la transparencia y la confianza en los procesos electorales. Para Puebla y sus habitantes, que buscan una ciudad más humana y con instituciones responsables, estas prácticas son un recordatorio de la urgencia de fortalecer la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana.