La diputada local Nayeli “Nay” Salvatori salió a aclarar su postura tras la polémica generada por el caso de Ariana F., la mujer detenida por policías municipales en San Andrés Cholula. En entrevista, Salvatori aseguró que nunca defendió el consumo de alcohol al volante, sino que su denuncia se centró en presuntas irregularidades durante la detención.

“No defendí a ninguna persona en estado de ebriedad; lo que expuse fueron las presuntas irregularidades en la detención de una mujer en San Andrés Cholula”, explicó la legisladora, en respuesta a las críticas que surgieron luego de que se viralizaran videos relacionados con el caso.

El debate comenzó tras la difusión de grabaciones captadas por cámaras de seguridad y dispositivos oficiales durante la intervención policial en el Parque Intermunicipal de Cholula, que generaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos de la detenida.

Salvatori enfatizó que su postura siempre estuvo enfocada en analizar el actuar de los policías y no en justificar las acciones de la conductora. Además, expresó su preocupación por la filtración de los videos, señalando que es “grave que la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, no sepa o se haga de la vista gorda sobre quién filtró las imágenes oficiales”.

En un giro importante, la diputada reveló que Ariana F. ya presentó una denuncia formal, lo que permitirá que las autoridades investiguen si hubo irregularidades en la detención. Esto contrasta con declaraciones previas de autoridades municipales, que aseguraban no tener conocimiento de ninguna denuncia.

El caso sigue bajo investigación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio contra cinco policías municipales de San Andrés Cholula, mientras que el Gobierno estatal ha cuestionado el cumplimiento de los protocolos durante la detención.

Este episodio ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de las autoridades en el manejo de información sensible y la necesidad de garantizar derechos humanos en operativos policiales, un tema que resuena en una Puebla que busca mayor justicia y transparencia en sus instituciones.