La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente una orden de aprehensión contra Francisco “N”, conocido como Paco Pachangas, profesor de la preparatoria La Salle campus Benjamín Franklin, por abuso sexual calificado en agravio de alumnos adolescentes.

Con más de 30 años en la institución, este docente es investigado por presuntos abusos ocurridos en distintos momentos, tanto dentro como fuera del entorno escolar, en espacios vinculados a la congregación lasallista.

Uno de los casos documentados ocurrió en abril de 2009, cuando un estudiante de 16 años fue trasladado desde el campus en la colonia Condesa hacia una de las Casas de los hermanos lasallistas, inmuebles usados como espacios recreativos y de convivencia. Según la declaración ministerial, el traslado se hizo en un vehículo particular y, al llegar, el profesor mostró distintas áreas antes de llevar al alumno a una habitación, donde ocurrieron actos de carácter sexual.

Tras los hechos, el estudiante regresó al plantel acompañado por el docente, quien habría hecho comentarios sobre la posibilidad de influir en sus calificaciones. Además, la investigación señala que el profesor mantuvo contacto posterior con el alumno a través de medios electrónicos, y que otros estudiantes identificaron conductas y mensajes inapropiados en redes sociales.

La denuncia sostiene que este no sería un caso aislado. Con el paso de los años, otros exalumnos compartieron experiencias similares relacionadas con el profesor, lo que forma parte del análisis del Ministerio Público para determinar el alcance de las acusaciones y posibles víctimas adicionales.

Los testimonios indican que los comentarios sobre el comportamiento del profesor circularon entre estudiantes de distintas generaciones, aunque no se activaron medidas inmediatas por parte de las autoridades institucionales. Algunos alumnos buscaron apoyo de personal escolar tras conocer o experimentar situaciones relacionadas con el docente, pero consideran que las acciones adoptadas fueron insuficientes.

Un punto clave que la Fiscalía deberá esclarecer es qué información conocieron las autoridades del plantel y qué medidas implementaron tras recibir reportes sobre la conducta atribuida al profesor. Hasta ahora, no hay una determinación judicial sobre una posible responsabilidad institucional.

Este caso pone en evidencia la importancia de contar con protocolos claros y efectivos para proteger a estudiantes y garantizar espacios escolares seguros, un tema que sigue siendo urgente para las comunidades educativas en Puebla y todo el país.