El Partido Acción Nacional (PAN) anunció la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la estrategia de seguridad aplicada durante su administración (2018-2024).

En la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la denuncia como un acto de hipocresía y cuestionó la credibilidad del PAN para hacer tales acusaciones. “No se puede ser más hipócrita. ¿Quién les cree? Nadie”, afirmó, recordando el historial del PAN en materia de seguridad durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sheinbaum sugirió que la denuncia podría ser un intento del PAN por “expiar sus culpas” y aseguró que esta acción “no cala” en la opinión pública.

El PAN, encabezado por Jorge Romero Herrera, sostiene que la investigación no debe quedar en manos de las autoridades federales, ya que estas pertenecen al partido fundado y liderado moralmente por López Obrador. En un comunicado difundido el domingo 7 de junio, el partido argumentó que la violencia en México no puede explicarse solo por el actuar de las organizaciones criminales, sino que es resultado de una “deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano”.

Entre los puntos clave de la denuncia están:

– Más de 200 mil víctimas de homicidio durante el sexenio 2018-2024.
– Más de 150 mil personas desaparecidas en ese mismo periodo.
– La presunta permisividad estatal que habría facilitado la expansión territorial, económica y política de grupos criminales.
– La política de “abrazos, no balazos”, a la que el PAN llama “narcopacto”, que habría debilitado la capacidad del Estado para enfrentar la violencia.

El PAN acusa que esta estrategia permitió a los grupos criminales crecer mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad, lo que agravó la crisis de inseguridad en el país.

Este enfrentamiento político se da en un contexto donde la seguridad sigue siendo uno de los temas más sensibles para los poblanos, quienes además enfrentan retos urbanos como la movilidad, la contaminación y la calidad de vida. Mientras tanto, la discusión sobre la responsabilidad en la violencia abre un debate sobre qué modelo de seguridad y justicia es el que realmente puede transformar a Puebla y a México hacia ciudades más humanas y seguras.