La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” alertó sobre un intento de criminalización del ejercicio periodístico en Tenancingo, municipio donde la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco habría fingido un secuestro para desacreditar a comunicadores locales.

El conflicto se desató luego de que cuatro periodistas vinculados al espacio “La Madeja Política de Tenancingo” —Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez— recibieran citatorios por parte de la policía municipal. Estos comunicadores están señalados en la carpeta de investigación 275/2026 por presuntos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación, derivado de publicaciones críticas hacia la alcaldesa.

Según el colectivo, las acusaciones incluyen expresiones de insulto, sarcasmo e ironía, pero los periodistas defienden que sus contenidos forman parte del análisis y la crítica legítima sobre temas como servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y posibles casos de nepotismo en la administración municipal.

El caso abrió un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de servidores públicos, así como sobre el interés público frente a figuras políticas en funciones.

El pasado 2 de junio, los periodistas comparecieron ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) en Metepec, donde fueron notificados y advertidos sobre una posible sanción económica. La alcaldesa habría solicitado una reparación del daño por 125 mil pesos para cada uno, argumentando que las publicaciones la revictimizan al retomar un supuesto secuestro que ella misma difundió en un video.

Además, la agrupación denunció que la presidenta municipal pidió a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su administración y no difundir contenidos de la prensa local, lo que representa una restricción a la libre discusión pública y al debate democrático.

Los periodistas sostienen que su trabajo se basa en investigación y solicitudes de información pública, enmarcado en el derecho a la libertad de expresión y al escrutinio del desempeño gubernamental.

Finalmente, “100 Periodistas por el Estado de México” hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Congreso local para garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico y evitar la criminalización de quienes informan, en un contexto donde se impulsan reformas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en la entidad.

Este caso refleja la tensión entre autoridades y medios en un entorno donde la libertad de expresión y la transparencia son fundamentales para una democracia más abierta y responsable.